Señor Presidente de la República, Mauricio Funes:
A las comunidades y organizaciones ciudadanas de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos complace la decisión gubernamental de no permitir la explotación minera, reiterada por usted en varias ocasiones. Sin embargo, nos preocupa la falta de una estrategia clara del Estado salvadoreño para enfrentar las demandas de las empresas extractivas y la impunidad en el asesinato del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera, líder de la resistencia contra Pacific Rim en Cabañas.
Debido esta situación, le expresamos lo siguiente:
1. Respaldamos su firme decisión de no permitir la explotación minera en el país. Celebramos esto como un triunfo de la resistencia de las comunidades de la zona norte y las organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas y de desarrollo local que defendemos el medioambiente y la vida.
Al prohibir la minería de metales, El Salvador evitó una catástrofe ecológica, social y económica sin precedentes. Nuestra pequeñez territorial, alta densidad poblacional, grave crisis de los recursos hídricos, extrema vulnerabilidad socioambiental y la fragilidad institucional, habrían facilitado una tragedia nacional irreversible.
Sin embargo, la prohibición no tiene efecto legal sin una normativa que la establezca. Por tanto, es necesario que el Ejecutivo promueva en la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva Ley de Minería que prohíba expresamente la exploración y explotación minera. Esto, incluso, debe garantizarse con una reforma constitucional.
2. Proponemos a su gobierno construir un frente común contra las demandas de Pacific Rim y Commerce Group. Estas empresas mineras de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, exigen al Estado salvadoreño 100 millones de dólares, cada una, por negarles permisos de explotación minera.
Tales demandas se procesan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal adscrito al Banco Mundial, proclive a las corporaciones transnacionales demandantes y hostil a los Estados demandados, según su historial de resoluciones.
El Salvador debe salirse del CIADI –como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y otros países sudamericanos– para evitar más demandas injustas en su contra.
3. También es necesario solicitar al Parlamento la derogación o –al menos– modificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-CAFTA), pues Pacific Rim y Commerce Group se amparan en sus disposiciones sobre Inversión y Solución de Controversias para demandar al país.
Para enfrentar las demandas de las mineras, también se debe reformar la Ley de Inversiones, revisar los acuerdos bilaterales de inversión y no suscribir más Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que en la práctica arrodillan a los Estados ante las transnacionales, hacen que los gobiernos renuncien a la defensa de la soberanía y quitan a los pueblos el derecho a su autodeterminación.
4. Además, es urgente que las autoridades de seguridad pública investiguen a profundidad la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista ambiental, promotor cultural y dirigente político de Cabañas.
Rivera fue un opositor a Pacific Rim y crítico del alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista, principal lacayo de la minera canadiense en la zona.
Actualmente se procesa a presuntos autores materiales de dicho crimen, pero no a los responsables intelectuales. Policía y Fiscalía insisten en que fue un crimen de delincuencia común, para no abrir líneas de investigación sobre la autoría intelectual.
El caso conmueve a la comunidad internacional y –si las autoridades correspondientes no profundizan en las investigaciones– la credibilidad del Estado estará en riesgo, como lo advirtió recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern.
5. Por último, le planteamos la necesidad urgente de implementar medidas de protección a líderes comunales, representantes de organizaciones ciudadanas, activistas religiosos y periodistas comunitarios perseguidos, agredidos y amenazados de muerte, debido a su compromiso con la defensa del medioambiente.
Tal situación es especialmente preocupante en Cabañas. Las autoridades deben acatar el llamado que, sobre esto, hizo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Estimado Presidente Funes:
Gobierno y sociedad civil organizada debemos juntarnos para cerrar filas contra las empresas mineras y sus demandas.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica le propone elaborar una estrategia común para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, y realizar las acciones necesarias para evitar nuevos arbitrajes de compañías extractivas contra El Salvador, que acaben con las finanzas, la soberanía y la institucionalidad del país.
San Salvador, 9 de diciembre de 2009.
miércoles 9 de diciembre de 2009
CARTA ABIERTA DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES POPULARES DE LA MESA NACIONAL FRENTE A LAMINERÍA METÁLICA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MAURICIO FU
Minería y Derechos Humanos*
Minería y Derechos Humanos*
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregará, el 10 de diciembre próximo, un recono-cimiento a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.
La distinción será en el marco de la celebración del Sexagésimo Primer Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También será galardonada Radio Victoria, medio participativo de Cabañas, destacado por informar y educar sobre problemáticas ecológicas, especialmente los impactos de la minería de metales.
La entrega de dichos reconocimientos confirma la actitud consecuente de la PDDH con la defensa del medioambiente y la prohibición de la explotación minera, desde la gestión de la ex procuradora Beatrice de Carrillo, quien llamó la atención sobre los peligros de esta industria.
El actual Procurador Óscar Luna, ratificó la postura de su antecesora y se involucró más en este problema. Incluso llevó el debate a nivel regional y logró que sus homólogos centroameri-canos reclamaran a sus gobiernos por la nociva minería.
Recientemente se descubrió la gran amenaza que, para el Río Lempa, constituye una mina en Jutiapa (Guatemala). Tal situación devela cuán avanzada fue la visión regional de la PDDH sobre la problemática minera.
Para todo esto ha sido fundamental el trabajo entusiasta de la Procuradora Adjunta de Medioambiente, Yanira Cortez, con quien Luna constató los daños de antiguas extracciones de metales en La Unión y otros sitios del nororiente del país.
Este interés en el problema minero hizo a la PDDH actuar rápida y oportunamente cuando periodistas de Radio Victoria recibieron amenazas de muerte. De inmediato el procurador Luna pidió medidas de protección para las víctimas y exigió investigar a los victimarios.
Igual actuó semanas antes cuando el activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado. Hace poco el Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, insistió en que Policía y Fiscalía deben profundizar las indagaciones en el caso.
Este reconocimiento de la PDDH a la Mesa frente a la Minería es también para consigo misma, o alguien deberá darle un premio.
Para continuar su gran aporte a esta lucha, la PDDH debe pronunciarse sobre las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación.
La PDDH argumentó que los proyectos mineros violentarían derechos ambientales, sociales y económicos. Hoy debería sentar posición sobre las demandas, partiendo del principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregará, el 10 de diciembre próximo, un recono-cimiento a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, por trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.
La distinción será en el marco de la celebración del Sexagésimo Primer Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
También será galardonada Radio Victoria, medio participativo de Cabañas, destacado por informar y educar sobre problemáticas ecológicas, especialmente los impactos de la minería de metales.
La entrega de dichos reconocimientos confirma la actitud consecuente de la PDDH con la defensa del medioambiente y la prohibición de la explotación minera, desde la gestión de la ex procuradora Beatrice de Carrillo, quien llamó la atención sobre los peligros de esta industria.
El actual Procurador Óscar Luna, ratificó la postura de su antecesora y se involucró más en este problema. Incluso llevó el debate a nivel regional y logró que sus homólogos centroameri-canos reclamaran a sus gobiernos por la nociva minería.
Recientemente se descubrió la gran amenaza que, para el Río Lempa, constituye una mina en Jutiapa (Guatemala). Tal situación devela cuán avanzada fue la visión regional de la PDDH sobre la problemática minera.
Para todo esto ha sido fundamental el trabajo entusiasta de la Procuradora Adjunta de Medioambiente, Yanira Cortez, con quien Luna constató los daños de antiguas extracciones de metales en La Unión y otros sitios del nororiente del país.
Este interés en el problema minero hizo a la PDDH actuar rápida y oportunamente cuando periodistas de Radio Victoria recibieron amenazas de muerte. De inmediato el procurador Luna pidió medidas de protección para las víctimas y exigió investigar a los victimarios.
Igual actuó semanas antes cuando el activista antiminero Gustavo Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado. Hace poco el Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, insistió en que Policía y Fiscalía deben profundizar las indagaciones en el caso.
Este reconocimiento de la PDDH a la Mesa frente a la Minería es también para consigo misma, o alguien deberá darle un premio.
Para continuar su gran aporte a esta lucha, la PDDH debe pronunciarse sobre las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño por negarles permisos de explotación.
La PDDH argumentó que los proyectos mineros violentarían derechos ambientales, sociales y económicos. Hoy debería sentar posición sobre las demandas, partiendo del principio de soberanía nacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
sábado 5 de diciembre de 2009
Silenciar las voces*
El 27 de noviembre recién pasado fue asesinado Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En el acto criminal también resultó gravemente herido Orlando Velázquez, amigo del ambientalista acribillado a balazos frente a su casa, en Chiapas (México).
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Abarca Roblero, junto a su esposa y cuatro hijos, mantenía una intensa lucha contra la compañía canadiense Blackfire, propietaria de diez concesiones de explotación minera, en el municipio chiapaneco de Chicomuselo.
El 10 de julio de este año, el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro (también originario de Chiapas), había demandado judicialmente –en nombre de la empresa– al dirigente ecologista, acusándolo de asociación delictuosa, ataques a vías de comunicación, daños al patrimonio de Blackfire, atentados contra la paz y otros delitos.
Desafiando la demanda, Mariano participó en un plantón en la Ciudad de México, frente a la Embajada de Canadá, para exigir la salida de las compañías extractivas canadienses de los territorios indígenas mexicanos. Días después participó en un foro sobre minería, efectuado en el Congreso, donde denunció los daños de Blackfire en Chiapas.
El 17 de agosto fue detenido violentamente por la Policía. El gobernador estatal le propuso absolverlo a cambio de abandonar su lucha contra las operaciones de la minera en cuestión y si impedía la realización del II Encuentro de REMA en Chiapas, pero él no aceptó. Finalmente fue liberado, gracias a la presión nacional e internacional, y siguió luchando hasta el día en que fue asesinado.
El homicidio del ambientalista salvadoreño Gustavo Marcelo Rivera tiene gran similitud con el referido caso mexicano: dirigente de la resistencia antiminera, opositor de una compañía canadiense (Pacific Rim) perseguido por un gobernante local (alcalde de San Isidro), luchador inclaudicable y asesinado por defender el medioambiente.
Gustavo Marcelo nunca fue procesado en los tribunales por Pacific Rim, pero fue víctima de hostigamientos de presuntos trabajadores mineros que llegaban –enviados por la empresa– a insultarlo y amenazarlo, en su oficina de la Casa de la Cultura, en San Isidro.
Abogados de la compañía canadiense sí procesaron a otros defensores del ecosistema: German Menjívar, Edelmira Menjívar, entre otros. Mientras el matón de Pacific Rim, Óscar Menjívar, agredía a líderes comunales que rechazan la explotación minera: Santos Rodríguez, Nelson Ventura y Ramiro Rivera.
Las coincidencias entre estos y otros casos, sugiere que las transnacionales mineras buscan callar “por las buenas o por las malas” las voces que promueven la organización y movilización contra los tenebrosos proyectos de extracción metálica.
En Chiapas exigen justicia por el homicidio de Abarca Roblero y en Cabañas resienten que las autoridades no investiguen a los autores intelectuales de la desaparición, torturas y asesinato de Rivera.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
miércoles 25 de noviembre de 2009
“Empresas mineras extorsionan a El Salvador”*
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica realiza una campaña informativa sobre las demandas de las empresas Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), advirtiendo sus graves implicaciones en las finanzas, institucionalidad, estado de derecho y soberanía del país.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Dicha acción comunicativa responde al sospechoso silencio gubernamental sobre este problema que pone en discusión la necesidad de revisar el DR-CAFTA, los tratados bilaterales de inversión y la participación de El Salvador en el CIADI, tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial, del que se retiraron ya Bolivia, Ecuador y otras naciones sudamericanas.
El presidente Mauricio Funes y varios miembros de su gabinete (secretario técnico de la Presidencia, ministro de Medio Ambiente, secretario de Asuntos Estratégicos y ministro de Economía) no muestran interés en concertar con la sociedad civil una estrategia efectiva de defensa nacional ante la embestida las compañías extractivas de Canadá y Estados Unidos.
Prueba de esto es la negativa de impulsar en el Parlamento la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica, la cual evitaría que otras empresas –amparadas en la actual normativa minera permisiva de la extracción de metales– soliciten licencias de exploración o explotación y, cuando el gobierno se las niegue, proceder con un arbitraje en el CIADI.
Ante la insistencia de la Mesa frente a la Minería, el Ejecutivo responde que su decisión de impedir los proyectos mineros es firme, y que eso es suficiente. Para enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group, la administración Funes sigue el plan de defensa trazado por el espurio ex fiscal Ástor Escalante, que recomendó no aprobar una ley antiminera.
La falta de información sobre la estrategia oficial genera especulaciones. En notas periodísticas recientes, personeros de Pacific Rim dicen estar negociando con autoridades salvadoreñas una “solución amistosa”. Ningún titular del gobierno ha desmentido tales declaraciones. ¿Complicidad con las empresas mineras, o simple desinterés en el problema?
Argumento central de la campaña de la Mesa es que las demandas de Pacific Rim y Commerce Group son ilegales e ilegítimas. Ilegales, porque el país no violentó leyes ni incumplió derechos de las compañías; e ilegítimas, ya que El Salvador tiene derecho a rechazar proyectos dañinos, basado en el principio de soberanía y derecho a la autodeterminación.
Así, el Estado debe demandar a las mineras, y no al revés. ¿Acaso no es el país la víctima, si las empresas contaminaron ríos (Commerce Group) en La Unión y secaron afluentes, causaron conflictos y compraron voluntades (Pacific Rim) en Cabañas? ¿No es extorsionar a El Salvador decir a su gobierno: “me permites sacar metales de tu tierra, o me pagas $100 millones”?
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Prueba de fuego*
Una demostración importante de que El Salvador busca combatir la impunidad, sería la condena de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, expresó el influyente congresista estadounidense James McGovern, en su reciente visita al país.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
El legislador demócrata, quien vino a recibir el Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA, solicitó al Fiscal General Romeo Barahona una integral y profunda investigación de la desaparición, torturas y asesinato del activista ambiental de Cabañas.
También pidió al Presidente Mauricio Funes voluntad política para aplicar justicia. “Hablaré con el Fiscal Barahona y el Presidente Funes sobre este preocupante caso”, dijo a familiares, compañeros de lucha de Rivera y abogados de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Para el parlamentario de Massachusetts, castigar a los asesinos de Gustavo Marcelo será un buen precedente. “Para mantener el respaldo de la comunidad internacional, el nuevo gobierno debe atacar la impunidad; y, en ese sentido, este caso es prueba de fuego”, consideró.
Investigadores particulares del caso plantearon a McGovern la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación para encontrar a los responsables intelectuales. “Nos preocupa que la Fiscalía y la Policía insistan en que éste fue un delito de delincuencia común”, afirmaron.
Rivera encabezó la resistencia contra la minera canadiense Pacific Rim y fue opositor del alcalde arenero José Ignacio Bautista, principal promotor de la minería en San Isidro. Su desaparición, torturas y asesinato fueron precedidas por calumnias, amenazas y persecuciones.
El ambientalista era director de la Casa de la Cultura de San Isidro, directivo departamental del FMLN y presidente de la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC). La posible impunidad de su asesinato, dice McGovern, preocupa crecientemente a la comunidad internacional.
Hasta hoy han sido detenidos presuntos autores materiales, pero ningún sospechoso de responsable intelectual. Al homicidio de Gustavo Marcelo, siguieron agresiones, amenazas a muerte y atentados contra reporteros de Radio Victoria, religiosos y líderes comunales de Cabañas.
El prestigioso senador –acompañado de una comitiva de empresarios, académicos, religiosos y activistas sociales– también insistió en una mejor investigación del homicidio del sindicalista Gilberto Soto, del asesinato de Katia Miranda, del actuar de “Los Perrones”, entre otros casos.
James McGovern respalda las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en diversos países del mundo. En El Salvador, destaca su labor en la investigación de la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, desde que asistía al célebre congresista Joe Mockley.
El Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos de la UCA también criticó a las empresas mineras y recomendó al gobierno salvadoreño pensar en el medioambiente y en la vida humana.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
jueves 12 de noviembre de 2009
Nuevas cuñas: empresas mineras extorsionan a El Salvador
Cuña 1 - Información sobre la demanda de Pacific Rim al Estado Salvadoreño
Cuña 2 - Necesitamos una reforma al Tradado de Libre Comercio porque, lejos de impulsar las exportaciones y el trabajo, sirve para que empresas como la Pacific Rim demanden al país.
Cuña 3 - Los daños provocados por la empresa minera Pacific Rim en El Salvador.
Cuña 2 - Necesitamos una reforma al Tradado de Libre Comercio porque, lejos de impulsar las exportaciones y el trabajo, sirve para que empresas como la Pacific Rim demanden al país.
Cuña 3 - Los daños provocados por la empresa minera Pacific Rim en El Salvador.
miércoles 11 de noviembre de 2009
Minería y desastres socioambientales*
Cuando Pacific Rim intentaba demostrar la “tecnología de punta” que usaría para “purificar” sus aguas residuales, insistía en la construcción de depósitos de colas: enormes lagunas donde colocaría los desechos tóxicos para que “el cianuro se evaporara al calor del sol”, antes de descargarlos en los ríos cercanos a sus proyectos.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Además de engañar con este inefectivo método de descontaminación, la minera canadiense ocultaba el grave peligro que representan depósitos de colas en un país, como El Salvador, con altos niveles de sismicidad y susceptible de frecuentes tormentas que provocan inundaciones, desbordamientos y derrumbes.
Al preguntarle ¿qué pasaría si con los constantes sismos la membrana impermeable de los depósitos de colas se rompe y si los frecuentes huracanes derriban sus diques?, la compañía extractiva callaba.
Ante eso, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica demostró las catástrofes ecológicas y sociales provocadas por accidentes mineros en diversos países del mundo, en el artículo “Minería: una industria accidentada”, publicado en Diario Co Latino, el 15 de octubre de 2008.
Ahí se destacaron las explosiones, derrumbes y deslizamientos en instalaciones mineras de China, México, Bosnia y Ucrania; y fugas de cianuro por el rompimiento de membranas, quiebre de diques y desbordamiento de lagunas de desechos causados por lluvia de huracanes en Estados Unidos, Sudáfrica y Perú.
Las fatales consecuencias de la Tormenta Ida, que destrozó al país, el fin de semana recién pasado, habrían sido peores si el gobierno hubiera permitido los proyectos de Pacific Rim: el agua cianurada de los desbordados depósitos de colas habría envenenado ríos, suelos agrícolas y comunidades enteras.
Aún más grave hubiera sido con la aprobación de los 29 proyectos mineros ubicados a lo largo de la zona norte, sobre las cuencas de los ríos Paz, Sumpul, Lempa, Torola y Goascorán
Sin embargo, la ausencia de una normativa que prohíba definitivamente la explotación minera, mantiene latente esta amenaza para el país.
Por tanto, la implementación inmediata de una política integral de prevención de desastres socioambientales, demandada por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos (MPGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), debe incluir una nueva Ley de Minería que regule la minería no metálica y prohíba la minería de metales.
Si dicha legislación no se aprueba, empresas mineras podrían obligar al Estado, mediante demandas en tribunales internacionales, a otorgarles permisos de explotación, como pretende Commerce Group, compañía estadounidense que, además de exigir el pago de 100 millones de dólares, demanda una licencia de extracción de metales en La Unión.
*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
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